Desde la transición democrática de 1987, esta medida no había sido implementada. El presidente Yoon Suk Yeol justificó su decisión afirmando que era necesaria “para proteger una Corea del Sur libre frente a las amenazas de las fuerzas comunistas de Corea del Norte”.
En plena noche, se determinó el cierre del Parlamento, la prohibición de los partidos políticos y los policías y militares empezaron a patrullar las calles de Seùl. La justificación del mandatario, para aplicar esta medida, fue “nuestro Congreso Nacional se convirtió en un refugio para criminales, un antro de dictadura legislativa”.
La ley marcial se decretó en un discurso oficial, que no especificaba alguna amenaza puntual pero sí la activación de esta ley de emergencia. A partir de esta decisión, Seúl se transformó en un escenario de incidentes entre las personas que buscaban entrar en la Asamblea Nacional y las fuerzas de seguridad.
Mientras esto sucedía, dentro del Congreso la mayoría opositora votó a favor, 190 a 0, de derogar de inmediato la medida, y como pacta la Constitución Surcoreana, el presidente está obligado a retirar la medida. Esta oposición es tachada por Yoon Suk Yeol como el movimiento que quiere “derrocar el orden democratico liberal”.
Tanto el líder del Partido del Poder Popular, del que forma parte Yoon, Han Dong-hoon, como el líder de la oposición, Lee Jae-myung, calificaron a la decisión como errónea. El partido Democratico aseguró que la medida es “esencialmente un golpe de estado”.
Vale aclarar, que el parlamento cuenta con una mayoría de legisladores de la oposición. Por lo que, Yoon ha tenido dificultades para impulsar su agenda, como lo es el proyecto de ley del presupuesto del próximo año, el que fue aprobado con un valor significativamente reducido.
