Flybondi ha sido oficialmente notificada de su imputación y tiene un plazo de 5 días para presentar su defensa ante las autoridades correspondientes. Esta medida llega acompañada de la amenaza de una sanción económica que podría ascender a más de 1.000 millones de pesos, destacando la gravedad del asunto y las implicaciones legales que enfrenta la aerolínea en relación con las normativas vigentes.
El Ministerio de Producción, Ciencia e Innovación Tecnológica de la Provincia imputó a la aerolínea Flybondi, por las «reiteradas suspensiones o reprogramaciones de sus vuelos». Asimismo, desde el organismo provincial destacaron que, «resulta muy difícil comunicarse con la firma, por lo que los consumidores no logran obtener respuesta para hacer valer sus derechos».
Por otra parte, la firma incumplirìa el deber de información al no publicar en su sitio web las condiciones generales y particulares de contratación de los servicios que provee, conforme lo establece la Ley Nacional de Defensa del Consumidor.
También, se detectaron denuncias sobre demoras en el pago de los reembolsos solicitados a raíz de las cancelaciones impuestas por la empresa, por lo que la Provincia realizó un pedido de informes a la Administración Nacional de Aviación Civil (ANAC), ya que esa práctica incumpliría las normativas que exigen que la devolución debe ser realizada en forma inmediata.