El gobierno porteño deberá pagar la impresión de boletas para las elecciones de octubre y, en caso de balotaje, para el 19 de noviembre, según dictaminó el Tribunal Electoral de la Ciudad en un plazo de 10 días.
La medida se estableció luego de que el Frente de Izquierda y los Trabajadores-Unidad (FITU) de Capital llevaron a cabo una acción de amparo electoral contra el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, luego del mal funcionamiento de la Boleta Electrónica en las elecciones pasadas.
De esta forma, los partidos argumentaron que el gobierno de la cápital bonaerense decretó la utilización de boleta papel para las elecciones, pero esta decisión no garantizó la igualdad de condiciones para las agrupaciones en el pago de los costos de impresión de boletas.
Desde el FIT criticaron que las listas que no disponen de financiamiento privado corren el riesgo de imprimir menos boletas de las necesarias para el proceso electoral, lo que se traduce en una discriminación inconstitucional.
“En el caso de que cada agrupación deba abonar sus boletas electorales, podría darse un escenario en el cual las mayores recursos económicos impriman las boletas necesarias mientras que aquellas con recursos escasos tengan dificultades para obtener la cantidad de boletas suficientes para la totalidad de los establecimientos de votación”, criticaron.
Si bien el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires estableció que el Código Electoral no contempla el pago de un aporte económico para los gastos de impresión de boletas de las agrupaciones políticas, el Tribunal Electoral argumentó que el artículo 37 de la Constitución Nacional “garantiza el pleno ejercicio de los derechos políticos, con arreglo al principio de la soberanía popular y de las leyes que se dicten en consecuencia” y que “el sufragio es universal, igual, secreto y obligatorio”.
En este sentido, los jueces Roberto Requejo, Rodolfo Clérici y Romina Tesone aseguraron que el gobierno tiene la obligación de realizar aportes a los efectos de cubrir los costos de impresión de las boletas que las agrupaciones políticas utilizan en las elecciones locales que se realizan en los términos de la Ley Nacional 15.262.