El Gobierno nacional oficializó la intervención del Hospital Bonaparte, denuncian un un supuesto mal manejo de fondos. La medida limita las funciones de su director, el personal y los pacientes advierten el colapso por despidos.
La medida fue adelantada el miércoles por el Ejecutivo, aunque se hizo efectivo a través del Boletín Oficial de este jueves. La resolución establece que “Dispónese la intervención, a partir del dictado de la presente medida, ‘ad-referéndum’ de su aprobación por parte del Poder Ejecutivo Nacional, del Hospital Nacional en Red especializado en Salud Mental y Adicciones “Licenciada Laura Bonaparte”, organismo descentralizado actuante en la órbita de la Subsecretaría de Institutos y Fiscalización de la Secretaría de Gestión Sanitaria, del Ministerio de Salud, por el plazo de 1 año”.
Por otro lado, el pasado octubre se dio a conocer un plan de reestructuración para el Hospital ubicado entre Parque Patricios y constitución. Este plan venia con una ola de despidos, la cual afecto a 200 empleados, según denunciaron los gremios y representantes del personal. El Gobierno justifico el plan con la necesidad de optimizar recursos y mejorar la eficiencia operativa del hospital.
Ante la resolución trabajadores, pacientes y ciudadanos se reunieron para realizar un abrazo al hospital. Los que asistieron aseguraron que los despidos ya repercuten en la atención sobre los pacientes.
El Gobierno afirma que la resolución se tomó para “asegurar la operatividad del Hospital, considerando la ausencia de las máximas autoridades asistenciales del mismo, y en virtud de razones de oportunidad, mérito y conveniencia fundadas en el actual estado del organismo”.
“326 empleados habían ingresado durante la gestión del expresidente Alberto Fernández, y que, para los servicios de guardia e internación, había 109 empleados para asistir 55 camas de internación, con una ocupación promedio de solo 19 pacientes por mes. Asimismo, se contabilizan 38 consultorios externos que atendían en promedio 5 consultas diarias”, precisaron en la resolución.
Frente a esto, el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) le pidió a la Justicia que se habilite la feria y dictó una medida cautelar frente a los despidos ya que los “servicios críticos como los servicios de guardia, internación, farmacia, atención y cuidados en la urgencia, sufrieron una reducción drástica en sus equipos profesionales y administrativos (en especial médicos y enfermeros) al punto que actualmente se encuentra imposibilitado el funcionamiento adecuado del Hospital, en incumplimiento por parte del Estado Nacional de su obligación de garantizar el acceso gratuito, igualitario y equitativo a prestaciones de salud y brindar atención sanitaria y social integral con el objeto de asegurar a los/as usuarios/as la recuperación y preservación de su salud conforme lo establece el art. 7 de la Ley N° 26.657 de Salud Mental”.
Las medidas forman parte del Plan de Eficiencia de Hospitales 2024-205 de Mario Lugones, en este se busca eliminar sobreprecios y practicas irregulares detectadas.