El Gobierno nacional ha revelado una revisión del Plan Nacional de Prevención del Embarazo No Intencional en la Adolescencia (ENIA), un programa establecido en 2018 para disminuir la tasa de embarazos en adolescentes. Sin embargo, desde la administración de Javier Milei, se ha señalado que solo se continuará con la distribución de anticonceptivos, lo que ha resultado en la terminación de los contratos laborales de 619 individuos.
Esta decisión por parte de la nueva gestión gubernamental, pone en riesgo la efectividad del programa y los derechos de salud sexual de miles de niñas y adolescentes. “Prevenir embarazos no deseados en adolescentes en todo el territorio del país no se logra sólo con métodos anticonceptivos. Se necesitan agentes capacitados que garanticen la implementación del plan en el terreno, para asesorar y apoyar a los y las adolescentes con información precisa y basada en evidencia científica cuando se acerquen a los centros de salud”, informó la directora de Amnistía Internacional en Argentina, Mariela Belski.
“El embarazo adolescente es muy frecuente en Argentina y constituye uno de los mayores desafíos para el desarrollo del país y para garantizar los derechos de infancias y adolescencias”, agregó Belski.
Para comprender los resultados del Plan ENIA durante los últimos seis años y conocer las consecuencias que puede tener la modificación de este programa. Alejandra Scialabba, de la Fundación Kaleidos, explica que el éxito del Plan ENIA “buscó dar solución al problema bajo una mirada intersectorial”. Por esta razón, detalló que el plan se diseñó en 2017 desde el área de educación, salud y de desarrollo social. “Esta aproximación integral buscaba alcanzar a los y las adolescentes en el sistema educativo, pero también buscar a quienes ya estaban fuera para poder ofrecer distintos dispositivos con el fin de prevenir el embarazo no intencional”.