El presidente Javier Milei firmó un decreto de necesidad y urgencia (DNU 681/2026) que modifica la Ley de Migraciones para prohibir el ingreso y habilitar la expulsión de extranjeros que difundan “mensajes de odio” o inciten a la violencia contra Argentina, sus ciudadanos o sus símbolos patrios. La medida, que generó un fuerte rechazo de la oposición y organizaciones sociales, ya entró en vigencia y deberá ser ratificada por el Congreso.
El contexto: la final del Mundial y la “campaña antiargentina”
El decreto se enmarca en la reacción oficial a las críticas recibidas por la selección argentina tras su derrota en la final del Mundial de Fútbol ante España. En las redes sociales se multiplicaron los mensajes negativos contra el equipo y el país, y hasta circuló una petición para expulsar a Argentina del torneo que reunió decenas de miles de firmas.
El propio Milei había denunciado días antes, sin presentar pruebas, que los gobiernos de Brasil y México, junto al Partido Demócrata de Estados Unidos, estaban financiando una “campaña antiargentina” para desestabilizar a su gobierno. Esa acusación provocó que Brasil llamara a consultas a su embajador en Buenos Aires.
Qué dice el decreto
El DNU agrega un nuevo inciso al artículo 29 de la Ley de Migraciones, estableciendo como causales de inadmisión, cancelación de residencia y expulsión: haber dirigido mensajes de odio contra el pueblo argentino, haber incitado a la violencia contra argentinos por su nacionalidad, y haber realizado actos de ultraje contra los símbolos patrios. La norma aclara que no se considerará “odio” las expresiones de disenso ideológico o crítica política, académica o ciudadana protegidas por la Constitución.
Reacciones y controversia
La medida fue recibida con duras críticas. El presidente del partido Radical (UCR), Leonel Chiarella, calificó el decreto como “inconstitucional” y exigió su rechazo en el Congreso. El diputado opositor Agustín Rossi, ex ministro de Defensa, sostuvo que la norma “imita la lógica antimigrante de (Donald) Trump”.
Desde la CTA-A, la abogada Yolanda Moreno afirmó: “Considero que es el decreto del odio de Milei, no es una defensa de la convivencia social, es un dispositivo de censura selectiva y control político sobre extranjeros. Fue construido sobre conceptos jurídicos vacíos y una noción paranoica de odio contra la Argentina”.
Expertos legales también cuestionaron la falta de precisión. La abogada Lucía Galoppo, del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), advirtió que la norma “deja demasiados espacios grises” porque no define qué constituye un “mensaje de odio” ni establece criterios claros para su identificación.
Ahora el decreto deberá ser revisado por una comisión legislativa y luego por ambas cámaras del Congreso, que podrían ratificarlo o rechazarlo.
